El diálogo nacional “La economía solidaria, motor de la justicia social” se realizó el martes 23 de junio en Quito, donde se compartió con la ciudadanía sobre los avances generados a través del Gobierno Nacional por el sector de la Economía Popular y Solidaria (EPS).

El evento, que se desarrolló en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), contó con la presencia del director general del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS), Raúl Zurita Arthos.

Este espacio es además el punto de partida del diálogo propuesto por el Presidente de la República, Rafael Correa, con los diferentes sectores sociales sobre la necesidad de superar la injusticia y la inequidad social en el país.

El encuentro se centró en la EPS, con el objetivo de concretar y dar continuidad a los procesos de diálogo que se han mantenido entre el Gobierno Nacional y los representantes de las distintas formas organizativas que conforman este sector.

El diálogo tuvo al frente a representantes de las organizaciones y asociaciones de la EPS, además de las diferentes entidades del Estado, responsables del desarrollo económico e inclusión social, entre las cuales se generó un debate nacional en el que se expuso las necesidades y dificultades que experimenta este sector en el desarrollo de sus actividades.

Los representantes de las entidades estatales participantes fueron la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Ministerio Coordinador de la Política Económica (MCPE), Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS), y Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP).

Al respecto, la ministra Betty Tola resaltó que la EPS no es un sector marginal. “El 62% de la población económicamente activa se encuentra en este sector, que incluye a las unidades económicas populares, asociaciones, cooperativas y otras formas organizativas de la EPS. Más de 7 mil organizaciones han sido reconocidas por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), y se ha evidenciado que las finanzas populares mueven más de 6 mil millones de dólares anuales”, sostuvo la titular del MIES.

Por su parte, Pabel Muñoz, principal de la SENPLADES, aportó al debate con el tema equidad y justicia social en el país, partiendo de que el Ecuador se encuentra entre los países menos inequitativos en la región más inequitativa del mundo. Asimismo, subrayó que la pobreza y la riqueza no es una condición natural, sino que esta se transmite de manera intergeneracional, desde las más caducas estructuras coloniales.

El Gobierno de la Revolución Ciudadana ha alcanzado importantes logros en estos últimos 8 años. Por ejemplo, entre 2007 y 2014, la relación de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre se redujo de 42 a 22 veces.

Durante las mesas redondas del diálogo nacional hubo diversas propuestas de parte de los trabajadores de los sectores productivos agrícola, ganadero, artesanal, servicios complementarios y textil. Las propuestas estaban relacionadas con servicios financieros, incentivos y fomento, a más de aporte de la EPS a la redistribución de la riqueza y justicia social en el país, que fueron atendidos por los representantes de las diferentes carteras de Estado, para dar solución y respuesta inmediata a estas solicitudes.

En la plenaria se consolidaron estas solicitudes, con la generación de acuerdos y compromisos que den viabilidad a los trámites de constitución de los emprendimientos de la EPS, por parte de las instituciones públicas encargadas de estos procesos, como son la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), Agencia de Regulación y Control Sanitario (ARCSA), entre otras.

Entre los principales acuerdos y propuestas entregadas por los líderes y lideresas de la EPS, a las instituciones competentes están: capacitación y mayor presencia de entidades responsables de la EPS en territorio; regulación de mercado y mayor control al comercio desleal; servicios financieros que partan del reconocimiento de las especificidades de este sector, aumento de demanda exportable de productos de la EPS; disminución de la tramitología, específicamente en procesos de constitución legal, permisos de funcionamiento y registros sanitarios; redistribución y control de medios de producción (agua y tierras); impulso al comercio justo y soberanía alimentaria; optimización de procesos administrativos (democratización de la tecnología); aumento de productos y servicios ofertados por la EPS para compras públicas; entre otros.

El director general del IEPS, Raúl Zurita Arthos, expresó que este diálogo nacional, planteado por el Gobierno de la Revolución Ciudadana, es una gran oportunidad para el sector de la EPS, debido a dos temas principales. “Primero, la posibilidad de recoger posiciones favorables, pero también críticas, con la idea de que el modelo económico implementado en el país es diferente, busca equilibrar las oportunidades hacia sectores que no las han tenido”, dijo.

“Segundo, empezar este diálogo con el sector de la EPS, que impulsa dentro de sus principios que la justicia social es fundamental, ya que propone de una manera práctica y real que otra forma de distribución de la riqueza es posible, en función del trabajo y no de la acumulación de capital”, añadió.

Además, destacó que son los actores de la EPS, los que pueden traducir estas propuestas de la teoría a la práctica, pues son estos quienes lo viven en su cotidianidad. “Será un gran reto para quienes hacemos política pública hacer los ajustes necesarios en estas propuestas, siempre buscando la justicia social”.